Hay 80 cámaras instaladas y otras 34 esperan por su lugar. La semana pasada hubo quejas de comerciantes.
Una de las políticas que el municipio de Bariloche mantuvo inalterable en el marco de la pandemia por coronavirus y la emergencia económica es la ampliación constante de la red de videovigilancia, que ya tiene 80 cámaras distribuidas en toda la ciudad y otras 34 a la espera de ser instaladas.
La semana pasada un grupo de comerciantes de la calle Mitre se quejó por una ola de robos, se movilizaron al Centro Cívico y una de las respuestas que les dio el intendente Gustavo Gennuso fue el compromiso de emplazar nuevas cámaras de seguridad en los sitios más expuestos al delito.
La calle Mitre tiene hasta ahora dos cámaras, que no alcanzan a cubrir toda su extensión. Ambas son antiguas, de la red 911, que depende de la policía provincial. El municipio comenzó a desplegar hace algunos años su propio sistema y no había recalado en la Mitre hasta ahora, pero ante el reclamo pondrá dos cámaras: una cerca del Centro Cívico y otra en Mitre al 700.
La información fue aportada por el director de Seguridad Ciudadana, Raúl Quinteros. Ayer mismo el funcionario estuvo en el lugar junto a un equipo a su cargo para evaluar el emplazamiento. Eligieron un punto ubicado “justo frente a uno de los comercios que sufrió el robo”.
Quinteros dijo que los autores de delitos contra la propiedad tienen muy presente la ubicación de las cámaras y suelen actuar y escapar por donde existen puntos ciegos.
Señaló que hoy en Bariloche hay unas 80 cámaras de videovigilancia instaladas y monitoreadas por el municipio. Ya tenían 14 más listas para ampiar la red antes del inicio de la cuarentena y hace un mes recibieron otras 20, producto de la última licitación.
Refirió que hoy están en pleno despliegue y casi todas tienen ya lugar asignado. Los tiempos tienen que ver, entre otras cosas, con la fabricación de las columnas, que está a cargo de una metalúrgica local, ganadora de la respectiva licitación.
En la reacción del municipio a la inquietud de los comerciantes también habría pesado el argumento de que “exigen tasas altas y no brindan servicios básicos”.
En el último tiempo hubo una extensión importante de videocámaras en los barrios y no todos sabían que había zonas excluidas del monitoreo en pleno microcentro.
El sistema de videovigilancia fue asumido como una prioridad por el intendente Gennuso y es uno de los programas “estrella” de su gestión. De hecho, el seguimiento de las imágenes, exhaustivo e ininterrumpido, es uno de los pocos servicios que se mantuvo inalterable desde el inicio de la cuarentena.
Quinteros dijo que la red es buena pero mejorable, al punto de que lo ideal para Bariloche sería una cobertura con 200 cámaras. “Siempre hablando de la extensión actual, si se agregan nuevos barrios y calles el número sería otro”, aclaró.
Refirió que hace tres años y medio Bariloche tenía una cámara cada 80 kilómetros de calle y hoy la relación es de una cada 7 kilómetros.
En los comienzos, recordó, el mayor despliegue estaba en el área céntrica y la actual gestión decidió llevar también la videovigilancia a los accesos a los barrios y otros puntos críticos.
Las dos últimas cámaras fueron instaladas el jueves pasado en el barrio Carihue y en Pinar de Festa, ambos en la zona oeste de la ciudad.
Quinteros defendió la eficiencia del trabajo realizado, dijo que el monitoreo “no para nunca”, que tiene “una gran credibilidad” y en dos años llevan respondidos más de 1.000 oficios judiciales por causas penales, búsqueda de personas y otras investigaciones.
Dijo que la cámara callejera “está considerada a nivel mundial como un elemento disuasorio muy eficiente” y destacó que el equipo que toma las imágenes “debe ser bien visible”, porque su utilidad no sólo es esclarecer sino “desalentar” el delito. Para evitar suspicacias, cuando una cámara se descompone realizan un acta a fin de documentar que está fuera de servicio.
Insistió en que los delincuentes “tienen todo muy estudiado” y que cuando el municipio incorpora una cámara “ese sector deja de tener conflicto, pero el delito se desplaza”.
Costo alto
“Todo ésto lleva un proceso y un costo económico” afirmó el responsable de Seguridad Ciudadana. Señaló que cada cámara, con su columna, “caja de servicio técnico”, antena y disyuntor, demanda una inversión de 4.000 dólares. Sostuvo también que la ampliación de la red obliga a reforzar el grupo de “visualizadores” capacitados, que trabajan por turnos las 24 horas, y también el equipamiento de discos para el archivo de imágenes.
El celo del municipio por la vigilancia en la vía pública lo llevó incluso a cruzar fronteras. En las últimas semanas instaló una cámara para lectura de patentes en jurisdicción de Dina Huapi, con el propósito de controlar los vehículos que ingresan por el puente del río Limay.
