Gobiernos municipales: ¿Cuáles son las características de los gobiernos comunales que influyen, negativa o positivamente, en la gestión pública? ¿Cuál es el contenido filosófico, organizacional u operativo que conforma la “cultura” municipal? Encontrar las respuestas a estas preguntas resulta esencial para entender a los gobiernos municipales y sus necesidades. En este capítulo ensayamos algunas respuestas y analizamos sus implicaciones para el mercado de la seguridad tecnológica. Proponemos también una clasificación de municipios de acuerdo a su población, considerando las ventajas y atractivos desde el punto de vista comercial.
La “cultura municipal” en general y frente al problema de la seguridad en particular.
La situación estratégica descrita en los anteriores capítulos y cada una de las dificultades, limitaciones y problemas que enfrentan los municipios para cumplir con el clamor por seguridad de la población, representa una oportunidad de negocios para las empresas del sector de la seguridad.
Cuanto más complejo es el panorama y cuanto más alejado se encuentra el gobierno municipal de encontrar o implementar una solución viable, mayores son las posibilidades de generar una relación comercialmente provechosa y socialmente valiosa, colocando bienes y servicios que fortalecen a la comunidad y a las compañías que los brindan.
Pero para lograr insertarse exitosa y duraderamente en este mercado resulta imprescindible conocer y comprender las características de los gobiernos municipales, su forma de relacionarse con otras instituciones, su proceso interno de toma de decisiones, así como también las diferencias organizacionales y políticas que existen entre ellos.
Clasificación:
A pesar de que en términos generales, todos los gobiernos municipales argentinos comparten un ordenamiento legal y político muy similar, también existen grandes diferencias entre ellos, tanto por ubicación geográfica como por su extensión, población y organización administrativa. Entender estas diferencias implica poder desarrollar y presentar los productos y servicios de seguridad más adecuados para ese perfil, incrementando las posibilidades de cerrar un negocio exitoso.
A tal efecto se propone la siguiente clasificación de municipios, elaborada sobre la base de población, factor determinante en lo que respecta a las necesidades de seguridad, su complejidad técnica y capacidad económica y financiera de enfrentar inversiones en seguridad.
- Poblaciones Rurales: 1.000 a 15.000 hab.
- Poblaciones Semi Rurales: 15.000 a 25.000 hab.
- Poblaciones Mixtas: 25.000 a 50.000 hab.
- Ciudades Medianas: 50.000 a 150.000 hab.
- Grandes Ciudades: 150.000 habitantes en adelante.
Las poblaciones rurales tienen una limitada cantidad de habitantes, bajo o nulo nivel de delito, falta de infraestructura de comunicaciones y conectividad, relativa simplicidad de su administración pública, baja demanda por parte de los habitantes respecto a modernización y/o digitalización del gobierno, sin embargo, esas mismas razones hacen que frente a un hecho delictivo, que otras jurisdicciones de mayor tamaño puede parecer rutinario o menor, se transforme en una crisis local y gatille una reacción por parte de los vecinos. Como veremos más adelante, estas comunidades se encuentran en general aisladas geográficamente y alejadas de los centros administrativos y políticos, por lo que carecen de capacidad de prevención y reacción adecuada frente a los delitos.
En principio puede parecer que existe una desproporción entre el esfuerzo comercial necesario y el monto de facturación que esta clase de cliente puede arrojar, sin embargo no resulta recomendable descartar a estos municipios, pues es posible identificar casos específicos que por razones locales, estructurales o de coyuntura pueden resultar casos de éxito.
Las poblaciones semi rurales y las poblaciones mixtas son en realidad una subdivisión por cantidad de habitantes, del mismo perfil-objetivo, es decir, las ciudades/municipios que por su superficie, complejidad administrativa, poder económico, estadísticas de criminalidad, demanda de sus vecinos de mayor gobernanza tecnológica y el potencial resultado económico de la gestión comercial, resultan los más atractivos para una estrategia comercial tendiente a la penetración del mercado municipal.
Del análisis inicial de las 10 provincias más relevantes en términos de población e importancia regional, se obtienen los siguientes resultados:
- Prov. de Buenos Aires: 51 municipios de entre 48.271 y 15.059 hab., de los cuales el 51% cuenta con botones antipánico físicos y/o alguna clase de aplicación de seguridad y/o administrativa.
- Prov. de Santa Fe: 25 municipios de entre 47.903 y 15.291 hab.
- Prov. de Córdoba: 23 municipios de entre 48.506 y 15.394 hab.
- Prov. de Mendoza: 9 municipios de entre 49.358 y 16.374 hab.
- Prov. de Tucumán: 8 municipios de entre 45.223 y 17.158 hab.
- Prov. de Neuquén: 10 municipios de entre 36.162 y 13.562 hab.
- Prov. de Entre Ríos: 15 municipios de entre 43.009 y 17.547 hab.
- Prov. de Catamarca: 7 municipios de entre 27.242 y 14.366 hab.
- Prov. de Salta: 14 municipios de entre 32.625 y 14.850 hab.
- Prov. de Jujuy: 8 municipios de entre 52.631 y 15.682 hab.
Se incorporan al análisis, como ejemplo de agrupación de municipios por métricas, características o grupos de interés, ciudades y pueblos fronterizos, los cuales suelen registrar altos niveles de delito relacionados al contrabando (de toda naturaleza) que por tamaño y población no suelen registrarse en poblaciones similares.
- Ciudades fronterizas: 12 municipios de entre 50.000 y 16.580 hab. .
Ello da un total preliminar de 182 municipios de entre 50.000 y 15.000 habitantes,
Debe tomarse en cuenta que esta es una clasificación flexible, pues en provincias con baja población una ciudad de 15.000 habitantes puede ser considerada como una población mixta o incluso como una ciudad pequeña, por importancia regional, recursos, demanda de los habitantes, etcétera. Por ello el número inicial de 168 puede incrementarse notablemente con el análisis detallado del mercado, así como también con la incorporación de las 12 provincias ausentes en la anterior enumeración.
Estos 182 municipios (de los 1298 que contiene la Argentina) reúnen aproximadamente 4.780.816 millones de habitanteslo que da una idea aproximada del inmenso tamaño de este mercado.
De los valores ofrecidos (recopilados por el autor) se desprende que este perfil resulta el que ofrece más atractivo para Pymes de seguridad, pues demanda una amplia variedad de bienes y servicios, desde alarmas inalámbricas para la custodia estática de edificios públicos, cámaras de todas clases y capacidades hasta aplicaciones de seguridad y control, sumado a que su relativa simplicidad administrativa permite un acceso directo a los más altos funcionarios municipales, en claro contraste con las ciudades de más de 100.000 habitantes, que demandan una acción comercial mucho más intensa y compleja.
Esta clasificación es indispensable para empezar a comprender la “cultura de los gobiernos municipales”, la cual se encuentra íntimamente ligada a la cultura de los pueblos del interior del país. La poblaciones de hasta 100.000 habitantes comparten muchas características comunes respecto a cómo se autoperciben y los valores sociales que desean preservar. Frases comunes como “nos conocemos todos” y “aún se puede dormir con la puerta sin llave” representan las aspiraciones de la mayoría de sus habitantes respecto a la seguridad y, consecuentemente, la preservación de esos valores constituye el objetivo de los líderes políticos. Se trata de una cultura esencialmente conservadora y que prioriza el status quo como valor central de la vida social y es precisamente el delito, en todas sus manifestaciones, la principal y más evidente amenaza a esos valores.
Sin embargo es esta cultura, que permea a la administración política, la que funciona como un obstáculo intelectual, ya que limita los horizontes de sus funcionarios y les impide tener una visión verdaderamente estratégica y con perspectiva temporal del problema de la seguridad. Estas limitaciones y otras asociadas pero de carácter objetivo, se traducen de las siguientes maneras:
- Ausencia o infrecuencia del concepto de estrategia en la acción de gobierno:
Exceptuando lo referente a las obras públicas, las cuales muchas veces son planificadas y financiadas por los gobiernos nacional y provincial, las decisiones comunales no son, en general, informadas por un estudio previo que aplique una visión estratégica del problema a atacar. Las acciones y decisiones se toman en forma impulsiva, frente a un estímulo dado, como por ejemplo un caso resonante que impulse a los vecinos a reclamar acciones concretas e inmediatas.
La perspectiva temporal no se toma en cuenta en las decisiones, por lo que las inversiones en seguridad suelen resultar inadecuadas, porque o bien exceden las necesidades inmediatas y a futuro del municipio o por el contrario resultan insuficientes o simplemente irrelevantes.
- Cortoplacismo y medidas efectistas
Es otra falencia que acompaña a muchas de las decisiones municipales respecto a la seguridad y que se halla íntimamente ligada a la falta de visión estratégica y también a la general falta de experiencia y conocimiento por parte de los funcionarios relevantes.
Frente a un estímulo determinado o una demanda concreta, se toman medidas y se invierte tomando en cuenta sólo esos factores sin tomar en cuenta la situación general ni considerar su posible desarrollo.
De esta forma se contratan servicios o se adquieren bienes sólo considerando dar una respuesta inmediata al reclamo popular con el objeto de calmar el malestar, dejando las consideraciones técnicas en un segundo plano, si no son omitidas completamente. Por ejemplo se adquieren cámaras de última tecnología pero no se prevé su conectividad, limitando su impacto. Se instalan dichas cámaras pero sin atender a un plan estudiado respecto a su distribución, atendiendo solamente a los sectores que ya han sufrido delitos, pero descuidando las vías de acceso y egreso de los delincuentes a esas zonas. Y todo ello sin relacionarlo con otros proyectos municipales, provinciales o municipales que pueden interferir con la instalación del sistema de cámaras, como la eventual apertura de nuevas calles, nuevos ingresos al éjido urbano o la construcción de autovías o autopistas (vías de escape naturales para los delincuentes luego de haber cometido un hecho).
Esta miopía y falta de perspectiva temporal y estratégica limitan severamente la efectividad de cualquier iniciativa municipal de seguridad y, consecuentemente, operan como un factor de desprestigio para el proveedor de los bienes o servicios que fueron mal empleados por el gobierno local, ya que en lugar de revisar las propias políticas aplicadas, muchas veces se traslada la responsabilidad del fracaso o del alcance limitado de la inversión, al mal asesoramiento del proveedor.
- El problema de la inversión y su mantenimiento
Como se ha descrito más arriba, un problema endémico es la falta de mantenimiento de la infraestructura municipal, sea de seguridad, obras públicas, edificios, vehículos, etc.
Esta mala costumbre es especialmente dañina para los sistemas de seguridad, pues genera una percepción falsa de que los sistemas se encuentran custodiando las vidas y bienes de los vecinos, solo para quedar en evidencia de que no es así cuando fallan en prevenir o detectar la comisión de delitos. Podrá el lector recordar innumerables instancias en las que las autoridades deben salir a dar explicaciones, invariablemente insatisfactorias, de porque no se pudo identificar a un malhechor o el vehículo en los que se daba a la fuga, debiendo lamentar no solo el hecho, sino la incompetencia estatal.
- Aislamiento cultural y tecnológico
La mayoría de los gobiernos municipales se encuentran alejados geográfica y culturalmente de los hubs tecnológicos y políticos de las grandes ciudades, los que funcionan como un mercado de ideas, tecnologías y estrategias y operan como la vanguardia del pensamiento, tanto en lo que respecta a cultura, política, industria y comercio en general y en la tecnología de seguridad, que nos ocupa.
Este aislamiento genera desconocimiento y también, en alguna medida difícil de determinar, desconfianza en las empresas y servicios que ofrecen productos de avanzada a los gobiernos municipales, ya sea porque los consideran totalmente fuera de sus posibilidades económicas o financieras, porque desconocen los productos y sus posibilidades, porque se encuentran limitados a contratar a proveedores locales (que se están sólo marginalmente más avanzados que los municipios) o simplemente no se plantean la posibilidad de expandir su horizonte técnico y quedan encerrados en su aislamiento.
Todos estos factores (y otros que trascienden este espacio) dificultan enormemente la situación general de la seguridad, entorpecen casi hasta la parálisis la acción de los intendentes y sus funcionarios y en última instancia privan a la ciudadanía de unos de sus derechos principales que es la protección de sus vidas, integridad física y propiedad.
En el próximo capítulo sobre gobiernos municipales (final), proponemos una serie de medidas, estrategias y cambios de visión necesarios para lograr una sociedad eficiente y productiva entre los gobiernos locales y la industria de la tecnología de seguridad, que, de acuerdo a nuestro análisis, solo puede resultar en más y mejor seguridad para nuestros conciudadanos.
Antecedentes Lic. Manuel Carbajal
Procurador Judicial
Lic. en Comercio Exterior
Especializado en Logística y Distribución
Empresario y ejecutivo de empresas de logística, telecomunicaciones y de servicios.
Funcionario municipal. Director de Inspección General. Director de Oficina de Información al Consumidor. Director de Protección Ciudadana y Coordinador de Seguridad. Secretario de Recaudación, Comercio e Industria.
