El desarrollo de las audiencias virtuales y la utilización de la inteligencia artificial (IA) fueron parte de la experiencia disruptiva que tuvo que afrontar el sector judicial. Esto dio lugar a grandes cambios en la forma de gestionar la justicia.
Tal como sucedió en muchos otros rubros y actividades, la pandemia de Covid-19 obligó a acelerar la introducción de las herramientas tecnológicas y la digitalización en los procesos judiciales, una gran potencialidad para mejorar la eficiencia y el intercambio, aunque también plantea importantes dilemas éticos y desafíos.
En el marco de la primer sesión del ciclo Encuentros 4.0 “Hacia la justicia del futuro” organizado por Telecom, se conoció la perspectiva de distintos referentes del sector sobre estos cambios paradigmáticos.
Durante la pandemia, de hecho, muchas audiencias se celebraron de manera virtual, lo que generó ventajas, desventajas y retos. Las herramientas digitales demostraron que pueden ser un medio fundamental para ayudar a canalizar los procesos judiciales y el gran desafío será definir cómo se seguirán utilizando para mejorar la eficiencia sin dejar de brindar las garantías a todas las partes involucradas. Al respeto, José Cafferata Nores, profesor de derecho procesal penal de la Universidad de Córdoba, señaló que hay un punto que divide las aguas, y es que según la Constitución Nacional y los tratados internacionales a los que adhirió la Argentina en la última reforma constitucional “los juicios penales deben ser presenciales. Y en tal sentido hay quienes dicen que los juicios virtuales no responden al requisito de presencialidad. Y otros que dicen que las leyes o normas que hoy rigen el tema tienen medio siglo y que es preciso hacer una interpretación progresiva para ver qué significa hoy la presencialidad a través de las herramientas digitales que se utilizan para reproducirla, imaginarla o adecuarla”.
Según Cafferata Nores “hay quienes sostienen que un juicio realizado con presencialidad virtual es inconstitucional. Y hay quienes dicen lo contrario: que incluso a veces es mejor porque permite grabar, recuperar y volver a ver lo que ya se vio. Además están los que toman caminos intermedios, que creo que son los más adecuados -donde hay un tribunal y jueces que están en el espacio donde deben estar, y el resto de las partes se encuentra fuera de ese espacio-. Esto es lo que se discute hasta aquí. Pero la realidad es que durante el último año y medio gran parte de la administración de justicia penal en nuestro país se pudo desarrollar gracias a las herramientas tecnológicas que permiten desarrollar un juicio virtual”.
Para la jueza nacional en lo civil Virginia Simari estamos ante un cambio de paradigma que llegó para quedarse: “Este cambio venía gestándose hace 20 años. Pero estaba demorado porque implica un cambio cultural. Con la pandemia no hubo alternativas, y así descubrimos que si bien es perfectible, el sistema funcionó”.
Inteligencia artificial: aportes y dilemas
Desde la perspectiva de Mario Adaro, presidente del Instituto de Innovación, Tecnología y Justicia, “la tecnología vino a resolver dos de las tres grandes exigencias que la ciudadanía tiene para con el sistema judicial: la primera es la eficiencia y la rapidez; y la segunda es la mejora en la transparencia (cosa que ocurrirá con más uso de datos abiertos). Por su parte la tercera es la independencia, que probablemente irá para otro capítulo y tal vez no sea la tecnología la que la resuelva”.
Uno de los aspectos más discutidos de la aplicación de tecnología en el proceso judicial tiene que ver con el uso de inteligencia artificial, que en algunos lugares se viene dando a través del uso de algoritmos de repetición y tratamiento de big data. Si bien en este sentido en el ámbito judicial aún queda mucho camino por recorrer, Adaro, entiende que la clave es la construcción de la confianza: “La referencia ética y normativa sobre este tema es Europa, que últimamente está tomando un modelo de escalas de riesgo para que el desarrollo algorítmico no tenga freno en la innovación. En el caso de la justicia, que se encuentra entre los sectores de alto riesgo, hay que encontrar actividades seriadas y repetitivas… Probablemente ese tipo de tareas puedan ser reemplazadas por desarrollos algorítmicos”.
Por su parte, Patrick Penninckx, director del departamento de Sociedad de la Información del Consejo de Europa, detalló cómo está la discusión ética en ese continente: “Las perspectivas que ofrece la IA proponen a los responsables públicos una solución muy moderna y pertinente para el número cada vez mayor de procedimientos en los tribunales, buscando conciliar rapidez y calidad. No obstante, un número creciente de investigadores y profesionales que no son críticos de la tecnología siguen siendo muy reservados sobre el uso del IA para la toma de decisiones en los sistemas judiciales. Además de los riesgos de deshumanización derivados del tratamiento automatizado, se plantean otras cuestiones más estructurantes: entre ellas cabe preguntarse si este tratamiento algorítmico basado en un análisis estadístico de las decisiones anteriores no estará creando un nuevo tipo de orden que sustituye al ordenamiento jurídico. En otras palabras, si no estamos en proceso de sustituir el estado de derecho y el imperio de la ley por un nuevo método para reequilibrar los intereses antagónicos que representa las partes en un juicio”.
Según Penninckx, para los reguladores europeos el objetivo actual no es frenar la innovación: “Por el contario, se trata de estimularla garantizando la seguridad de los sistemas de IA. Pero hay una creciente preocupación del público sobre la transformación digital, y hay que llevar tranquilidad para garantizar el desarrollo sostenible. Cuando la innovación y la regulación van de la mano, todos ganan”.
Procesos combinados
Desde la óptica del fiscal federal Carlos Rívolo en el orden nacional y federal “la aplicación de tecnología a los procesos judiciales llegó para quedarse. Y tendremos que generar protocolos que sean uniformes”. Al respecto el juez Ariel Ariza comenta que en este momento de retorno a ciertas fases de presencialidad se están realizando audiencias o procesos combinados, presenciales y virtuales –con testimoniales que se toman de manera virtual, producción de pruebas que se concretan de forma presencial, etc.-. Estamos estableciendo reflexiones e intentando plantear balances para ver cuál será el modo de funcionamiento”.
Desde la óptica de Ariza las tecnologías permitieron que se siguiera funcionando durante la pandemia y “tuvieron fortalezas y debilidades. Esto demandó mucho esfuerzo. No es que la tecnología vino a posarse dúctilmente sobre las realidades muy diferentes de las distintas zonas del país, ya que cada poder judicial tenía distintos recursos y por lo tanto había diferencias y asimetrías en las infraestructuras. Es decir que si bien las tecnologías ayudaron, hay que hacer la crónica de esta diversidad, ya que estuvo acompañada por compromisos humanos rescatables, tanto del lado del los operadores judiciales como de las abogadas y abogados”.
A futuro hay que ver “cómo superamos esas asimetrías para hacer que independientemente del lugar donde se encuentre, el ciudadano reciba una respuesta eficiente y homogénea”, enfatiza Ariza. Y agrega: “La eficiencia, la trazabilidad, la accesibilidad y el control tienen que estar en función de nuestro objetivo principal, que es garantizar sistemas judiciales independientes y que incluyan a los múltiples sectores vulnerables que tenemos por todas las regiones del país”.
La jueza Aida Tarditti destaca que la pandemia fue un acelerador impactante que “por ejemplo impulsó el cambio hacia el expediente electrónico, algo que me parece fantástico porque agiliza los tiempos”. Esta magistrada entiende que, al encontrarnos en una etapa de experimentación, por el momento no debería haber una normativa asfixiante: “Lo principal es ir gestando buenas prácticas en las audiencias virtuales”, concluye.
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