Gobiernos municipales: En este capítulo analizamos las limitaciones materiales, profesionales y tecnológicas contra las cuales los municipios deben operar, así como también las estrategias e iniciativas más frecuentes que aplican para superarlas. Cerramos esta parte con la enumeración de problemas que las comunas encuentran en su gestión
Limitaciones propias de la gestión municipal.
A las restricciones impuestas por el ordenamiento legal y las limitaciones de carácter financieras e impositivas que afectan la eficacia de la administración de la seguridad pública municipal por parte de las comunas, deben sumárseles limitaciones de carácter interno, casi inherentes a la gestión pública.
La ausencia de equipos profesionales de seguridad en las estructuras administrativas y políticas de los gobiernos municipales, tanto del interior de la Provincia como en los Partidos del Conurbano son endémicas.
Invariablemente los equipos de seguridad de los gobiernos municipales se encuentran formados por oficiales policiales en situación de retiro, los cuales, con notables y felices excepciones, se aferran a una visión de la seguridad exclusivamente de policiamiento, con un enfoque eminentemente reactivo y policial frente al delito, en contraste con la visión preventiva y de colaboración entre la comunidad y la autoridad policial, y con muy poca influencia de la tecnología como herramienta prioritaria de la gestión de seguridad. En otros casos, menos afortunados aún, los equipos de funcionarios de seguridad se encuentran integrados por cuadros políticos sin ninguna formación ni experiencia específica en seguridad, sea pública o privada. Sin embargo, cabe destacar que estos últimos son en general mucho más susceptibles a adquirir y aplicar soluciones tecnológicas.
Frente a estas limitaciones y presiones sociales, los municipios implementan, en forma independiente entre sí, pero con sorprendente similitud, las siguientes iniciativas combinadas de seguridad, logrando un mayor o menor grado de coordinación entre ellas y la acción policial, dependiendo de diversos factores:
- Asignación de recursos (económicos y materiales) a la policía local
Todos los gobiernos municipales de la Provincia apoyan económica y materialmente a la fuerza policial local (comisarías y otras dependencias) a los efectos de asegurar un mínimo de efectividad de la fuerza, supliendo, al menos, parcialmente los faltantes de equipos y material. Este apoyo se traduce en provisión de insumos de oficina y computación, combustible para los móviles, mantenimiento general de los mismos (reparaciones, accesorios, cubiertas, etcétera), adquisición de vehículos destinados al servicio en el municipio e inclusive partidas dinerarias para que sean administradas por el jefe policial.
Esta práctica ha sido adoptada por todos los municipios, obligados por la falta de presupuesto provincial que lleva, en la mayoría de los casos, a la inoperancia de la dependencia local.
- Creación de cuerpos de vigilancia y/o prevención. Patrulla Municipal.
Estas Patrullas Urbanas o Guardias Municipales, han sido creadas por casi todos los municipios con el objeto principal de fortalecer la presencia del Estado en las calles y reforzar la función preventiva de las policías locales, tratando de suplir las falencias y ausencias del Estado Provincial y, en forma accesoria, cumplir con objetivos municipales intermedios, como el control del tráfico, el cumplimiento de normas de convivencia, apoyo a otras áreas municipales, etc.
Como casi todas de las medidas que analizamos en estas líneas, estas unidades fueron creadas sin ningún plan específico de acción, sino más bien para suplir la ausencia de la policía en términos generales, por lo tanto, en la mayoría de los casos, carecen de protocolos de acción específicos, no tienen un objetivo estratégico explícito, responden a las necesidades momentáneas del municipio y carecen de un proceso de selección y capacitación de su personal. Solo en municipios de mayor tamaño, paulatinamente se ha intentado capacitar a los integrantes de las patrullas urbanas en aspectos técnicos y legales, pero en ningún caso se ha llegado, o para el caso se ha intentado, algún grado de profesionalización y jerarquización de su personal.
- Instalación de sistemas de cámaras de seguridad pública
Son muy pocos los gobiernos municipales que no han instalado un sistema de cámaras de seguridad en sus localidades principales. Desde los grandes Partidos del Conurbano Bonaerense, que poseen centenares o incluso millares de cámaras, hasta pequeñas localidades del interior que no superan los quince mil habitantes y poseen entre 30 y 40 cámaras, la mayoría ha respondido con diverso grado de eficacia al reclamo de la población por contar con un sistema de vigilancia moderno y altamente conectado que sirva, eminentemente, para la prevención de los delitos y también para su eventual esclarecimiento.
En nuestro país, y principalmente en la Prov. de Buenos Aires, casi no existen quienes mantienen que la proliferación de sistemas de video vigilancia implique una vulneración al derecho de intimidad o un avance del Estado sobre las libertades individuales, atento a que el temor que el aumento del crimen genera en la población diluye cualquier reserva que pudiera esta albergar sobre sus derechos personalísimos.
Por estas razones, la presencia de sistemas de video vigilancia municipales es altísima en la provincia y su tendencia es al crecimiento, debido al aumento de los índices de delincuencia y la demanda de la ciudadanía de inversión en seguridad y específicamente, prevención.
La instalación de sistemas de cámaras va invariablemente acompañada de un centro de monitoreo municipal, en donde un cuerpo de operadores, empleados del municipio, se dedican al análisis de lo registrado por las cámaras. Estos centros de monitoreo varían ampliamente respecto a su nivel técnico, siendo típica la instalación de los mismos en terminales de ómnibus u algún otro espacio municipal disponible, atendiendo a cuestiones de practicidad del momento o utilitarias pero sin considerar cualquier ventaja operativa o técnica.
El otro aspecto harto frecuente es la ausencia total de capacitación específica para los operadores del centro de monitoreo, así como también la inexistencia de cualquier proceso selectivo, más allá de la necesidad de ubicar a un empleado de desempeño desigual, malo o pésimo, en un lugar donde cause el menor trastorno posible.
A esta situación debe agregarse la endémica ausencia del mantenimiento del sistema. Esta circunstancia, que vale aclarar, trasciende el ámbito municipal y se registra también en barrios cerrados, empresas, clínicas, etc.), resulta extremadamente dañina a la eficiencia del sistema de video vigilancia, pues por una innumerable cantidad de razones (climáticas, vandalismo, fin de la vida útil del equipamiento, etc.) cada cámara que cesa de funcionar, deja un área sin cobertura y por lo tanto liberada a la actividad delictiva.
Es decir, los gobiernos municipales realizan la inversión inicial, muchas veces sin un estudio serio previo que indique la cantidad y ubicación de las cámaras necesarias, pero no se realizan las previsiones necesarias para la sustitución del material deteriorado o destruido y menos aún los procedimientos administrativos internos tendientes a lograr la reposición o reparación.
No existen estadísticas generales del índice de funcionamiento de los sistemas de video vigilancia municipales, quizás por razones obvias, pero habiéndo tenido a mi cargo un centro de monitoreo con 100 cámaras, incluyendo 10 lectoras de patentes y 10 domos y visitado al menos 30 centros de monitoreo de todo tamaño y complejidad, aventuro a decir que un 80% de funcionamiento es excepcional, siendo el 55%/60% lo habitual.
4) Adquisición, distribución e instalación de dispositivos tecnológicos de seguridad
Desde hace algunos años, pero cada vez con mayor frecuencia, los municipios han invertido en diferentes tecnologías de seguridad. Esto se manifiesta, mayoritariamente en:
- Alarmas vecinales o comunitarias: las mismas se instalan en colegios, escuelas, instituciones intermedias, etc. En muchos casos esas alarmas se encuentran conectadas directamente al centro de monitoreo municipal que se encarga de conectarse con la policía local, y en otros casos solo cumplen una función disuasoria, por lo que deben ser los vecinos los que se conecten con la autoridad policial para informar.
- Botones de pánico: o mejor expresado, antipánico. Estos pueden ser botones físicos, que se entregan a los vecinos, personas que se encuentran en situación de riesgo por violencia de género o intrafamiliar, se encuentre o no judicializada su situación y cualquier otro caso relevante. También puede tratarse de aplicaciones para dispositivos móviles, incomparablemente más eficaces respecto a los botones físicos, atento a que emplean todas las funciones con las que cuentan los teléfonos smart para dar un cuadro situacional completo al operador que recibe la pulsación. Cabe destacar que la conectividad en la Prov. de Buenos Aires ha aumentado notoriamente en los últimos años, llegando a un 69% de penetración, incluyendo zonas rurales, por lo cual estas aplicaciones se encuentran en expansión.
5) Planes y programas sociales de integración comunitaria, planificación de mejoramiento ambiental, etc.
Los municipios con mayores niveles de delitos y altos grados de conflictividad social, implementan en forma conjunta con las medidas más arriba enumeradas, iniciativas de carácter “social” destinadas brindar oportunidades laborales, educativas y/o sanitarias en zonas de alta peligrosidad y a personas que se encuentran en situación de “riesgo”, o que ya han cometido delitos o se encuentran prontas a hacerlo. Sin embargo estos planes son erráticos y de eficacia dudosa. En las poblaciones rurales, semi rurales o ciudades pequeñas (menos de 50 mil habitantes) estas iniciativas no resultan necesarias y de existir se implementan con fondos nacionales o provinciales.
Por todo lo más arriba expresado, podemos resumir la situación estratégica de los gobiernos municipales en el siguiente cuadro:
- Abandono de la seguridad por parte de los gobiernos nacional y provincial.
- Presión sobre el gobierno municipal por parte de la población para brindar seguridad.
- Falta de autonomía de los municipios y restricciones presupuestarias
- Falta de conocimiento técnico y profesional para desarrollar estrategias coherentes y de largo plazo.
- Implementación de medidas útiles pero limitadas por fallas propias.
- Seguridad insuficiente, con objetivos de corto plazo y medidas efectistas pero sin continuidad.
Hasta aquí el análisis político y legal de por qué nos encontramos en esta situación. En la siguiente sección analizaremos las diferentes características “culturales” de la gestión municipal que atentan contra su mayor eficacia pero que a la vez abren genuinas oportunidades comerciales para las empresas del sector.
Lic. Manuel Carbajal
Antecedentes Manuel Carbajal
Procurador Judicial
Lic. en Comercio Exterior
Especializado en Logística y Distribución
Empresario y ejecutivo de empresas de logística, telecomunicaciones y de servicios.
Funcionario municipal. Director de Inspección General. Director de Oficina de Información al Consumidor. Director de Protección Ciudadana y Coordinador de Seguridad. Secretario de Recaudación, Comercio e Industria.
