AI Act es el nombre de la regulación con la que la Unión Europea comenzó a establecer límites y obligaciones para el uso de la inteligencia artificial. Aunque no rige de manera general en Argentina, pone el foco sobre tecnologías cada vez más presentes en seguridad electrónica: reconocimiento facial, biometría, videovigilancia inteligente y sistemas capaces de analizar personas y comportamientos.
Durante años, el avance de la inteligencia artificial en seguridad electrónica estuvo marcado principalmente por una pregunta:
¿Qué puede hacer la tecnología?
Hoy empieza a aparecer otra:
¿Qué debería permitírsele hacer?
Las cámaras ya no solamente graban. Pueden detectar personas, distinguir vehículos, seguir objetos, identificar rostros, contar individuos, encontrar patrones y generar alertas automáticamente.
Los sistemas de control de accesos también evolucionaron. La tarjeta física empieza a convivir con reconocimiento facial, huellas, credenciales móviles y otros métodos de autenticación.
Toda esa capacidad abre enormes oportunidades.
Pero también plantea interrogantes sobre privacidad, identificación de personas y utilización de datos biométricos.
La Unión Europea decidió empezar a responderlos mediante el AI Act.
¿Qué es el AI Act?
El AI Act —o Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea— es un marco regulatorio que establece reglas para el desarrollo y utilización de sistemas de inteligencia artificial.
Su principio central es relativamente sencillo:
cuanto mayor sea el riesgo que una aplicación de inteligencia artificial puede generar sobre las personas, mayores serán las exigencias.
No es lo mismo utilizar IA para ordenar información que emplearla para seleccionar candidatos para un empleo, tomar determinadas decisiones médicas o identificar personas mediante sus características biométricas.
Por eso la legislación europea establece diferentes niveles de riesgo y contempla desde aplicaciones con pocas exigencias hasta sistemas considerados de alto riesgo y usos directamente prohibidos.
Buena parte del AI Act comenzó a aplicarse el 2 de agosto de 2026, aunque algunas prohibiciones están vigentes desde febrero de 2025 y las principales obligaciones específicas para determinados sistemas de alto riesgo tendrán aplicación desde diciembre de 2027.
Para la seguridad electrónica, uno de los aspectos más interesantes está precisamente en el tratamiento de la biometría y la videovigilancia inteligente.
Una cámara con IA no es automáticamente de alto riesgo
Un punto importante es evitar una interpretación exagerada.
El AI Act no considera peligrosa a cualquier cámara que utilice inteligencia artificial.
Una cámara puede utilizar algoritmos para detectar movimiento, diferenciar una persona de un animal, reconocer un vehículo, localizar una intrusión o contar individuos.
Eso no significa necesariamente que esté realizando identificación biométrica.
El nivel de sensibilidad cambia cuando el sistema intenta determinar quién es esa persona, clasificarla mediante determinados datos biométricos o tomar decisiones que pueden afectar sus derechos.
La diferencia parece pequeña, pero tecnológicamente y jurídicamente es enorme.
Detectar una persona no es identificarla
Imaginemos una cámara instalada en un perímetro industrial.
El sistema detecta que una persona ingresó en una zona restringida y dispara una alarma.
La cámara sabe que existe una persona.
Pero no necesariamente sabe quién es.
Ahora imaginemos otra situación.
Una persona pasa frente a una cámara y el software compara automáticamente su rostro contra miles de imágenes almacenadas hasta determinar su identidad.
Eso es identificación biométrica.
El AI Act define precisamente esta identificación como el reconocimiento automatizado de características físicas, fisiológicas o de comportamiento —entre ellas el rostro— mediante su comparación con datos biométricos almacenados en una base de referencia.
Y es allí donde las reglas comienzan a endurecerse.
AI Act y el reconocimiento facial en espacios públicos
Uno de los debates más sensibles del AI Act está relacionado con el reconocimiento biométrico remoto en tiempo real.
La normativa establece como regla general la prohibición de utilizar identificación biométrica remota en tiempo real en espacios de acceso público con fines policiales.
Sin embargo, contempla excepciones estrictamente delimitadas, por ejemplo ante determinadas amenazas graves, búsqueda de víctimas o personas desaparecidas y la investigación de ciertos delitos graves, sujetas además a condiciones y autorizaciones específicas.
La discusión introduce un concepto que seguramente escucharemos cada vez más:
que una cámara sea técnicamente capaz de identificar a una persona no significa automáticamente que esté permitido hacerlo.
Reconocimiento facial y control de accesos no son lo mismo
Esta diferencia es especialmente relevante para nuestra industria.
Supongamos que cien personas caminan frente a una cámara y el sistema intenta descubrir cuál de ellas es Juan Pérez comparando sus rostros contra una base de datos.
Eso es identificación biométrica.
Ahora imaginemos que Juan Pérez intenta ingresar a una empresa y voluntariamente presenta su rostro frente a un terminal que simplemente verifica si coincide con la identidad registrada para autorizar el acceso.
Eso es verificación o autenticación biométrica.
Y el propio AI Act hace esa distinción.
La definición de identificación biométrica excluye los sistemas destinados únicamente a confirmar que una persona es quien afirma ser para acceder a un servicio, desbloquear un dispositivo o obtener acceso de seguridad a un establecimiento.
Esto es importante para quienes trabajan con control de accesos biométrico.
No significa que la biometría quede libre de obligaciones de privacidad o protección de datos.
Significa que autenticar a una persona y buscar identificar personas masivamente mediante cámaras no son considerados el mismo tipo de actividad.
AI Act: crear una enorme base de rostros tampoco está permitido
El AI Act también introduce otra prohibición directamente relacionada con videovigilancia.
No permite utilizar sistemas de IA para crear o ampliar bases de reconocimiento facial mediante la recolección indiscriminada de imágenes faciales provenientes de Internet o de grabaciones de CCTV.
La diferencia vuelve a ser importante.
Una cosa es utilizar una cámara con fines de seguridad.
Otra es tomar grandes cantidades de imágenes de personas y convertirlas automáticamente en una gigantesca base biométrica destinada a identificarlas.
El desarrollo de inteligencia artificial está obligando a separar actividades que hasta hace pocos años podían parecer parte del mismo sistema de videovigilancia.
¿La cámara puede saber cómo se siente una persona?
Hay otro terreno particularmente controvertido: el denominado reconocimiento de emociones.
Son sistemas que intentan inferir estados emocionales o intenciones mediante datos biométricos, por ejemplo a partir de determinadas características faciales, corporales o de la voz.
El AI Act prohíbe determinados usos de este tipo de tecnología en lugares de trabajo y establecimientos educativos, salvo excepciones relacionadas con fines médicos o de seguridad.
Y desde el 2 de agosto de 2026, cuando se utilizan determinados sistemas de reconocimiento de emociones o categorización biométrica, las personas expuestas deben ser informadas.
Esto plantea una pregunta cada vez más relevante para fabricantes e integradores.
Ya no alcanza con saber:
“¿El algoritmo puede hacerlo?”
También habrá que preguntar:
“¿En qué contexto corresponde utilizarlo?”
Los sistemas de mayor riesgo tendrán más exigencias
Para determinados sistemas biométricos considerados de alto riesgo, el AI Act prevé requisitos relacionados con gestión de riesgos, documentación, registros, supervisión humana, precisión, robustez y ciberseguridad.
La aplicación de las principales obligaciones correspondientes a los sistemas de alto riesgo incluidos en estas categorías fue extendida hasta el 2 de diciembre de 2027.
Esto también puede modificar la conversación dentro de nuestra industria.
Durante años evaluamos una solución principalmente por sus prestaciones:
¿Cuántos rostros reconoce?
¿Cuántas cámaras soporta?
¿Cuántas búsquedas realiza?
¿Cuál es su porcentaje de precisión?
Ahora aparecen otras preguntas:
¿Cómo llegó el algoritmo a ese resultado?
¿Quién puede acceder a la información?
¿Qué ocurre cuando se equivoca?
¿Existen registros de las decisiones?
¿Puede intervenir una persona?
¿El sistema está protegido frente a ataques?
La inteligencia artificial hace más potente al sistema de seguridad.
Pero esa potencia también aumenta la responsabilidad sobre su utilización.
¿El AI Act rige en Argentina?
No.
Y esta aclaración es fundamental.
El AI Act es una regulación de la Unión Europea y no regula de manera general una instalación de seguridad electrónica realizada en territorio argentino.
Un integrador que instala en Córdoba una cámara con detección inteligente de personas no queda automáticamente alcanzado por el AI Act europeo.
Pero eso no significa que la regulación sea irrelevante para nuestro mercado.
Hay al menos tres razones para seguirla de cerca.
Empresas argentinas que trabajan con Europa
El AI Act tiene alcance sobre determinados proveedores ubicados fuera de la Unión Europea cuando colocan sistemas de inteligencia artificial en el mercado europeo o cuando los resultados producidos por esos sistemas son utilizados dentro de la Unión.
Por lo tanto, una empresa argentina que desarrolle determinada solución de inteligencia artificial y pretenda comercializarla en Europa podría quedar alcanzada por sus obligaciones.
Los fabricantes globales también venden en Argentina
Existe además un efecto indirecto que podría terminar siendo todavía más visible.
Los principales fabricantes de cámaras, VMS, plataformas de analítica, control de accesos y soluciones biométricas comercializan sus productos en múltiples regiones.
Si necesitan modificar funciones, documentación, controles, registros o procesos para cumplir con las exigencias europeas, parte de esos cambios puede terminar incorporándose a sus plataformas globales.
Es decir:
Argentina podría recibir productos modificados como consecuencia de una regulación que no fue sancionada en Argentina.
No sería la primera vez que una regulación de un gran mercado termina influyendo sobre productos y prácticas utilizados en otros países.
Argentina también está mirando la inteligencia artificial
Nuestro país tampoco está completamente al margen de esta discusión.
La Agencia de Acceso a la Información Pública mantiene un Programa de Transparencia y Protección de Datos Personales en el uso de la Inteligencia Artificial, dirigido tanto al sector público como privado y orientado a analizar riesgos, desarrollar buenas prácticas y fortalecer la protección de los datos personales.
La propia información oficial argentina incluye entre los datos personales a fotografías, videos y datos biométricos capaces de identificar a una persona, como huellas digitales, reconocimiento facial o iris.
Además, existen proyectos legislativos en el Congreso destinados a establecer marcos regulatorios para el desarrollo y utilización de inteligencia artificial. Uno de ellos, presentado en abril de 2026 en el Senado, propone específicamente un marco legal para la investigación, desarrollo, uso y regulación de esta tecnología.
Por ahora, Argentina no tiene un equivalente general al AI Act europeo.
Pero la discusión ya empezó.
Una señal para la industria de la seguridad
El verdadero valor del AI Act para quienes trabajamos en seguridad electrónica en Argentina quizás no sea preguntarnos qué artículo europeo tenemos que cumplir mañana.
La pregunta interesante es otra:
¿Hacia dónde está yendo la discusión sobre el uso de inteligencia artificial aplicada a la seguridad?
Porque muchas de las preguntas que Europa está intentando responder probablemente aparezcan también en nuestra región.
¿Puede una cámara identificar automáticamente a cualquier persona?
¿Durante cuánto tiempo deberían conservarse esos datos?
¿Puede una empresa intentar inferir emociones de sus empleados mediante cámaras?
¿Debe informarse cuando una inteligencia artificial analiza biometría?
¿Quién responde cuando un algoritmo identifica incorrectamente a una persona?
¿Hasta dónde puede automatizarse una decisión de seguridad?
Durante décadas, la industria habló principalmente de hardware.
Después llegaron las redes, el almacenamiento, la nube y la ciberseguridad.
Ahora aparece una nueva dimensión:
qué decisiones permitimos que tome la inteligencia artificial utilizando los sistemas de seguridad que instalamos.
El AI Act no prohíbe las cámaras inteligentes ni la biometría.
Lo que introduce es un principio que probablemente marque buena parte de la próxima etapa tecnológica:
cuanto mayor sea la capacidad de un sistema para identificar, clasificar o afectar a una persona, mayor deberá ser también la responsabilidad sobre su utilización.
Europa ya empezó a poner algunos límites.
Para la industria argentina, quizás todavía no sea una obligación.
Pero sí es una discusión que conviene empezar a mirar.
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